"Se han puesto los intereses económicos por delante de las personas y sus derechos"

En medio de las negociaciones entre el presidente en funciones español, Mariano Rajoy, y el resto de líderes de las formaciones políticas, para alcanzar un acuerdo de Gobierno, las ONG Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón se han dirigido por carta a los principales partidos políticos con representación parlamentaria para recordarles que deben blindar los derechos en la Constitución Española. 

Las tres ONG denuncian en un comunicado que los derechos humanos no pueden "estar condicionados por el vaivén de las decisiones políticas de distingos gobiernos", y han denunciado que durante la crisis económica "se han puesto los intereses económicos por delante de las personas y sus derechos", precisamente cuando "la obligación y el esfuerzo del Estado para proteger los derechos humanos deberían haber sido mayores que nunca". 

Una reforma del artículo 53

"Hace más o menos un año lanzamos la campaña 'Blinda tus derechos. Cambiar el artículo 53', donde pedíamos a los partidos políticos que incluyesen en sus programas electorales medidas para realizar un cambio profundo de la Constitución que pusiera los derechos humanos en el centro", explica Beatriz Perales, portavoz de Amnistía Internacional, en una entrevista a la corresponsalía de RT en Madrid.

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Estas tres organizaciones internacionales han denunciado reiteradamente que la Carta Magna, y en particular su artículo 53, establecen un tratamiento y protección desigual e insuficiente de los derechos humanos. En este sentido, este artículo otorga a unos derechos, como el derecho a la vida o a la libertad, una protección reforzada que permite denunciar directamente ante los tribunales y, sin embargo, a otros, como el derecho a la vivienda o el medio ambiente, les otorga una protección menor. 

En palabras de Perales, este artículo es "el responsable de que existan diferentes categorías de derechos en nuestra Constitución. Tenemos derechos de primera, como pueden ser el derecho a la vida o el derecho a no ser torturado, y derechos de segunda, como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud o el derecho a un medio ambiente saludable". "Queremos tener todos los derechos en pie de igualdad ante la justifica y esa es la principal reforma que estamos pidiendo", ha añadido la portavoz de Amnistía Internacional. 

Modificación de 24 disposiciones constitucionales

España es el tercer país de Europa donde más ha crecido la desigualdad, con 760.000 personas sin ingresos y uno de cada cinco hogares en riesgo de pobreza, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para las ONG, "detrás de la supuesta protección del derecho a la vivienda, recogido en el artículo 47, desde 2008 se han iniciado 660.856 procesos de ejecución hipotecaria, dejando a muchas personas en la calle sin que hayan podido defender su derecho a una vivienda adecuada ante un juez. Con motivo de las políticas de austeridad, se ha retirado la tarjeta sanitaria a casi 750.000 personas, cuando el derecho a la salud está reconocido en el artículo 43.1. Por otra parte, el derecho a un medio ambiente saludable está recogido en el artículo 45 y entre 2009 y 2015 la inversión en este ámbito ha sufrido un recorte del 56% en los Presupuestos Generales del Estado". 

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"Nosotros queremos revestir esto, y queremos tener los derechos humanos en el centro de una reforma constitucional", ha reivindicado Perales durante la entrevista. Para ello, además de una profunda reforma del artículo 53, las organizaciones proponen la modificación de 24 disposiciones constitucionales. 

"Queremos, por ejemplo, que se aumente las garantías de los detenidos durante su detención para evitar casos de tortura y malos tratos. Queremos también que se reconozca el derecho al asilo en nuestra Constitución y que se reconozca el derechos a una renta básica. También que nuestra constitución esté de acuerdo con nuestras obligaciones internacionales, tanto en materia de cooperación al desarrollo como en materia de venta de armas, o que las empresas también cumplan con sus obligaciones de derechos humanos", ha exigido la portavoz.

María Jesus Vigo Pastur