Impunidad política y el trauma de la peor crisis de su historia: el saldo a 20 años del estallido social que padeció Argentina
El Gobierno congeló los ahorros de los ciudadanos. Los estafó. Las protestas masivas fueron repelidas con violentas represiones policiales que mataron a 38 personas. El presidente Fernando de la Rúa tuvo que renunciar a la mitad de su mandato. Ante el vacío institucional, hubo un inaudito récord de cinco presidentes en una semana. Y el país quedó quebrado económica y socialmente.
Todo esto ocurrió en Argentina hace dos décadas. Fue el aciago diciembre de 2001 que desde entonces se convirtió en un fantasma, porque cada año, apenas llega este mes, se esparcen los temores y rumores de saqueos, crisis, caos, devaluación, fuga de capitales y 'default' (cesación de pagos de la deuda externa).
Este nuevo aniversario no es la excepción. Hoy el país está acosado por la inflación, la deuda y el empobrecimiento producto de la crisis que dejó el expresidente Mauricio Macri, el impacto de la pandemia y la criticada política económica del presidente Alberto Fernández, cuyo devenir depende de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El organismo fue uno de los protagonistas de 2001 que hoy está de vuelta para presionar a Argentina, ya que Fernández debe renegociar la multimillonaria deuda que contrajo Macri en 2017. La duda todavía es qué costo tendrá para una sociedad en la que más del 40 % de la población está en la pobreza.
El costado positivo es que, más allá de los altibajos económicos, Argentina logró consolidar su democracia. En 2001, hacía solo 18 años que había terminado la última y más sangrienta dictadura (1976-1983). A pesar de los permanentes temores (o deseos) de que no pudieran terminar sus gobiernos, Néstor Kirchner (2003-2007), Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y Macri (2015-2019) cumplieron los periodos para los que fueron electos.
Y eso, en un país con una historia marcada por golpes de Estado, desestabilización institucional e intermitentes crisis económicas, no es poca cosa.
El "corralito"
El 3 de diciembre de 2001, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunció un programa de emergencia económica que limitó los retiros bancarios a solo 250 pesos semanales y suspendió las transferencias al exterior.
La extracción permitida equivalía a 250 dólares, porque todavía regía la llamada "convertibilidad" que él mismo había diseñado durante el Gobierno de Carlos Menem, periodo en el que también ocupó la cartera de Economía, y que imponía una paridad de uno a uno entre el peso y el dólar que era ficticia e insostenible y que se convirtió en una de las bombas de tiempo para Argentina.
El objetivo era terminar con la fuga de capitales, ya que, en medio de un creciente clima de desconfianza, a lo largo de 2001 los argentinos habían retirado más de 18.000 dólares del sistema bancario. Argentina estaba en recesión, con desempleo récord y una deuda impagable que rozaba los 150.000 millones de dólares y por la que el "default" era latente.
A principios de ese año, De la Rúa consiguió un nuevo préstamo del FMI por 40.000 millones de dólares, supuestamente para "blindar" la economía y alejar los temores de una cesación de pagos de la deuda externa. De nada sirvió, más que para endeudar todavía más al país.
Su Gobierno, además, estaba debilitado. En octubre de 2000, solo 10 meses después de haber asumido, Carlos Álvarez renunciaba a la vicepresidencia. La confianza hacia De la Rúa se desplomaba. Para diciembre de 2001, ya era inexistente.
La reacción social al "corralito", como se bautizó una medida que afectaba depósitos por casi 60.000 millones de dólares, fue inmediata.
Los ahorristas, desesperados, se aglomeraron para golpear las puertas de los bancos y solo se toparon con rejas y vallas metálicas. De nada valieron los gritos, los llantos. Familias enteras acamparon durante días a la espera de que les devolvieran su dinero. En una de las protestas más extremas, una mujer de plano se prendió fuego. Todo fue en vano.
La represión
Una vez impuesto el "corralito", Argentina se convirtió en una olla a presión.
La noche del 19 de diciembre De la Rúa decretó un Estado de Sitio. No le hicieron caso. La revuelta popular fue imparable. Millones de personas se rebelaron y, armados con ollas, sartenes y cacerolas, salieron a exigir la renuncia del presidente.
Las diarias manifestaciones en las calles fueron creciendo. Hubo un paro general. A diario se replicaron los saqueos en tiendas y supermercados. Los manifestantes exigían o se llevaban alimentos, pero también electrodomésticos, muebles, o lo que pudieran. Los "piquetes" (bloqueos de calles y carreteras), las asambleas barriales, las ollas populares, las fábricas recuperadas por sus trabajadores, los trueques que organizaban los vecinos como una alternativa ante la falta de dinero y las 16 "cuasimonedas" (bonos al portador) que circulaban a nivel nacional y provincial evidenciaban la catástrofe del país.
En medio del clima de desazón y violencia social, la noche del miércoles 19 de diciembre De la Rúa decretó un Estado de Sitio. No le hicieron caso. La revuelta popular fue imparable. Millones de personas se rebelaron y, armados con ollas, sartenes y cacerolas, salieron a exigir la renuncia del presidente a lo largo de toda la madrugada.
Por eso, desde entonces los "cacerolazos" se volvieron una amenaza para los presidentes de turno, una advertencia de que la sociedad podría obligarlos a renunciar.
La respuesta del Gobierno fue la represión generalizada. De acuerdo con los registros de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), las fuerzas de Seguridad mataron a 38 personas: 11 en la provincia de Buenos Aires, nueve en Santa Fe, tres en Córdoba, tres en Entre Ríos, dos en Corrientes, una en Río Negro, una en Tucumán, siete en la Ciudad de Buenos Aires y una más sobre la que no se tienen mayores datos.
Las víctimas tenían entre 13 y 57 años. Siete de ellas eran mujeres. Murieron al recibir disparos de policías en las persecuciones de manifestantes que hubo en los alrededores de Plaza de Mayo, afuera de los negocios en donde reclamaban comida, mientras bloqueaban calles. O por balas perdidas.
Romina Ituraín, de 15 años, fue asesinada en su casa. La alcanzó una bala policial dirigida a quienes protestaban afuera de un supermercado. A Claudio Lepratti, de 35, los policías le dispararon cuando estaba arriba del techo de una escuela y les pedía que dejaran de tirar porque ahí solo había niños durmiendo.
Se busca presidente
El 19 de diciembre selló la caída de Cavallo, el ministro de Economía artífice de la crisis y que había sido aplaudido por los promotores del neoliberalismo a nivel mundial. El resto del gabinete sabía que tampoco tenía mayor futuro en un Gobierno que se derrumbaba.
La imagen de De la Rúa abandonando la Casa Rosada en el helicóptero oficial se convirtió en un símbolo que desde entonces usa la oposición más radicalizada en Argentina para vaticinar la renuncia anticipada del presidente de turno.
Pero De la Rúa se resistía. A las cuatro de la tarde del 20 de diciembre, con el país todavía en llamas por la represión y los muertos, aseguró a través de una cadena nacional que no pensaba dejar la presidencia. Su convicción duró solo tres horas y media. Al anochecer, renunció en una carta en la que acusó a los líderes parlamentarios de haber rechazado su propuesta de construir un Gobierno de unidad para asegurar la gobernabilidad.
La imagen de De la Rúa abandonando la Casa Rosada en el helicóptero oficial se convirtió en un símbolo que desde entonces usa la oposición más radicalizada en Argentina para vaticinar la renuncia anticipada del presidente de turno. La sola mención a un helicóptero es un augurio destituyente.
En ese momento comenzó una procesión de cinco presidentes interinos que la sociedad argentina y el mundo entero presenciaron con azoro.
El 21 de diciembre, Ramón Puerta asumió debido a que era presidente del Senado. Duró en el cargo dos días, hasta que la Asamblea Legislativa eligió por mayoría al gobernador de la provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, quien renunció una semana después acosado por la falta de apoyo político.
La brevedad de su Gobierno fue suficiente para que decretara la cesación de pagos de la deuda y anunciara que habría una nueva moneda: el argentino, que en realidad nunca entró en circulación.
El 30 de noviembre, en lugar de Rodríguez Saá asumió Eduardo Camaño, entonces presidente de la Cámara de Diputados. Dos días más tarde, la Asamblea Legislativa designó a Eduardo Duhalde, quien debía terminar el mandato de De la Rúa, lo que implicaba gobernar hasta diciembre de 2003.
Pero tampoco lo logró. Aunque Duhalde se sostuvo en la presidencia interina e inició el proceso de recuperación económica del país, la tensión política y social, azuzada por la permanente violencia institucional, lo obligó a convocar a elecciones anticipadas que se realizaron en abril de 2003.
Finalmente, Néstor Kirchner asumió como presidente electo el 25 de mayo, lo que puso fin a la inestabilidad institucional que Argentina había padecido en los 17 meses previos.
Para la posteridad
La gran crisis dejó una serie de frases inolvidables para los argentinos:
"Aquí no hay crisis ni problemas", dijo De la Rúa en octubre de 2000, después de que renunciara su vicepresidente, y justo cuando se profundizaba la debilidad de su Gobierno.
"Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. El 2001 será un gran año para todos. ¡Qué lindo es dar buenas noticias!", afirmó el presidente en su mensaje por las fiestas navideñas. Ocurrió todo lo contrario: el país vivió uno de los peores años de toda su historia.
"Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo y solo se podrá hacer durante 90 días por cifra de 250 pesos semanales", anunció el ministro de Economía a principios de diciembre de 2001. Era el "corralito" que marcó el fin del Gobierno.
"Que se vayan todos, que no quede ni uno solo", gritaron millones de argentinos para repudiar a la clase política que llevó al país a la ruina. Pero muchos de ellos mantuvieron cargos, crearon nuevos partidos e incluso ganaron elecciones.
"El que depositó dólares, recibirá dólares", prometió Duhalde al asumir la presidencia interina. Fue mentira. En su Gobierno terminó la "convertibilidad", el peso dejó de valer uno a uno con el dólar, lo que implicó una inmediata devaluación. También pesificó los ahorros. Los que depositaron dólares, recibieron pesos en bonos financieros que se pagaron en distintos plazos. El "corralito" terminó recién en 2012.
Impunidad
El saqueo del país y los asesinatos de manifestantes en las represiones no le costaron la cárcel a ningún político de alto nivel. Tampoco hicieron un mea culpa los economistas mediáticos que, aun con el país a punto de estallar, seguían vaticinando el éxito de las políticas neoliberales. Algunos incluso ocuparon altos cargos públicos y hoy son invitados a todo tipo de programas para dar consejos sobre economía.
Entre ellos sobresale el exministro Cavallo, quien aun hoy sigue recomendando volver a la dolarización. Jamás se ha hecho cargo del fracaso de las políticas que impuso durante una década.
La lista de víctimas incluye a cientos de heridos en las represiones, a las miles de personas que se enfermaron ante la desesperación de ver cómo el Estado se quedaba con sus ahorros, los trabajadores despedidos, las familias empobrecidas.
De la Rúa, el expresidente que duró solo dos años en el Gobierno y que culpó al peronismo de haber forzado la crisis institucional, fue sobreseído en la causa judicial que investigó y condenó las cinco muertes ocurridas en las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001 en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, la justicia consideró que no había pruebas para responsabilizarlo de los crímenes.
Un Tribunal Oral Federal condenó en 2016 a Enrique Mathov, exsecretario de Seguridad Interior del Gobierno de De la Rúa, y a Rubén Santos, exjefe de la Policía Federal Argentina (PFA), por haber ordenado y dirigido la represión policial en la capital. Ellos son los máximos responsables políticos que fueron castigados junto con siete exfuncionarios policiales.
En el resto del país, los procesos en los que se buscaba justicia por la muerte de otros 33 manifestantes avanzaron de forma irregular. En algunos casos fueron condenados policías que participaron en las represiones, pero jamás los jefes o responsables políticos. Además, no todos los crímenes han sido investigados y sancionados.
La lista de víctimas incluye a cientos de heridos en las represiones, a las miles de personas que se enfermaron ante la desesperación de ver cómo el Estado se quedaba con sus ahorros, los trabajadores despedidos, las familias empobrecidas.
Las heridas fueron muy grandes, por eso, dos décadas después el trauma social permanece.
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