Legisladores de la oposición en Paraguay presentaron una denuncia penal en contra del mandatario de ese país suramericano, Santiago Peña, ante la Fiscalía General del Estado.
Los parlamentarios exigen que se investigue al presidente por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, administración en provecho propio y abuso de poder, informó la diputada Johanna Ortega, una de las denunciantes.
De acuerdo con la legisladora, entre otras cosas, la denuncia se debe a un aumento injustificado del patrimonio de Peña en un 1.603 %; puesto que este pasó de 1.351 millones de guaraníes (cerca de 190.500 dólares actuales) en 2017, año en el que dejó el cargo de Ministro de Hacienda, a 23.024 millones de guaraníes (3,2 millones de dólares) en 2023, cuando asumió la Presidencia.
Ese patrimonio, dice Ortega, "incluye una camioneta Toyota Land Cruiser y un avión usado por Peña, ambos vinculados a empresas que luego fueron proveedoras del Estado. El país empobrecido. Él, blindado".
Asimismo, el senador Rafael Filizzola, otro de los denunciantes, señaló ante la prensa que el mandatario "no puede explicar algo así como 10.000 millones de guaraníes (1,4 millones de dólares) de su incremento salarial", de acuerdo con un "estudio técnico" que, según dijo, realizaron "de la coherencia" de las declaraciones juradas de ingreso y patrimonio de Peña.
Mas acusaciones
Los legisladores también sacaron a relucir el escándalo por la supuesta aparición de sobres con miles de dólares en su interior en Mburuvicha Róga, la casa presidencial de Paraguay, sobre lo cual ya hay otra denuncia ante la Fiscalía.
Esto está ligado a la acusación que hacen al mandatario sobre el presunto abuso de poder. Al respecto, Ortega detalla que civiles son "sometidos al polígrafo y despedidos sin derecho a defensa para callar la historia de los sobres".
Aparte, en relación al supuesto lavado de dinero, Ortega hizo mención a vínculos con "acciones y bonos" en firmas fusionadas con Pasfin, empresa ligada al caso Pavo Real, relacionado con narcotráfico.
En relación con el presunto tráfico de influencias, los denunciantes destacan los supuestos nexos de Peña con empresas a las que se les adjudicaron más de 29 contratos públicos por un valor de 992.000 millones de guaraníes (cerca de 140 millones de dólares).
En cuanto al señalamiento por administración en provecho propio, Ortega indicó que "se cambiaron reglas del Estado para que la plata pública vaya a bancos donde el presidente tenía intereses".
