Por primera vez desde su creación hace tres décadas, el tribunal especial de EE.UU. destinado a tramitar la deportación de presuntos terroristas celebró una audiencia pública, en un caso que marca un nuevo paso en la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.
Según reportó este viernes la agencia Reuters, la audiencia se realizó ante la Corte para la Expulsión de Extranjeros Terroristas y tuvo como protagonista a Nazira Haji Zada, una residente permanente de 47 años acusada por el Gobierno de apoyar al Estado Islámico* y de ayudar a ocultar un plan frustrado para perpetrar un tiroteo masivo durante las elecciones de 2024.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, gran parte de las pruebas que sustentan la acusación son clasificadas y no pueden hacerse públicas por razones de seguridad nacional. El tribunal fue creado precisamente para permitir el uso de ese tipo de evidencia en procesos de deportación.
La defensa rechazó el procedimiento y sostuvo que vulnera las garantías constitucionales. El abogado de Haji Zada, Matthew Farley, afirmó ante la jueza Joan Ericksen que el caso constituye "una violación del debido proceso" y pidió que fuera desestimado y que su clienta fuera liberada de inmediato, solicitud que fue rechazada.
Detenida por el FBI
Aunque Haji Zada no enfrenta cargos penales, documentos judiciales indican que su hijo y su yerno se declararon culpables el año pasado de delitos relacionados con la misma investigación. El FBI la detuvo esta semana en su domicilio de Fort Worth, Texas.
El fiscal general interino, Todd Blanche, aseguró que la mujer era la "matriarca de una familia simpatizante del Estado Islámico" y la acusó de haber contribuido a encubrir un plan para atacar a votantes estadounidenses. El FBI argumentó que la información permanece clasificada porque su divulgación podría revelar fuentes de inteligencia o facilitar que organizaciones terroristas eludan los mecanismos de detección.
Durante la audiencia también quedaron en evidencia las dificultades de estrenar un tribunal que nunca había sido utilizado. La jueza, los fiscales y la defensa debieron resolver cuestiones básicas sobre el manejo de documentos y el acceso a las pruebas clasificadas. Al cierre de la sesión, no se había fijado la fecha para una nueva audiencia.
*Reconocido como grupo terrorista en Rusia y prohibido en su territorio.