La Justicia argentina ordenó este miércoles el embargo preventivo del departamento de Buenos Aires donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, además de otros bienes vinculados a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la causa 'Vialidad'.
Según informó Perfil, la decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, a pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. El objetivo es preservar los activos sobre los que eventualmente podrá ejecutarse el decomiso establecido en la sentencia.
Entre las propiedades alcanzadas se encuentra el departamento de la calle San José 1111, en la capital argentina, donde Fernández de Kirchner cumple una condena de seis años de prisión. También fueron embargados inmuebles del complejo Madero Center, en Puerto Madero, y distintas propiedades ubicadas en la provincia de Santa Cruz.
Empresas y terrenos embargados
La medida comprende asimismo bienes relacionados con Hotesur SA y Los Sauces SA, sociedades cuyos titulares son Máximo y Florencia Kirchner. Entre los activos identificados figuran el Hotel La Aldea del Chaltén y propiedades y terrenos situados en El Calafate, Río Gallegos y El Chaltén.
La sentencia de la causa 'Vialidad' condenó a Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y estableció además un decomiso de 684.990 millones de pesos (unos 458 millones de dólares). Los condenados fueron intimados a depositar ese monto y, ante la falta de cumplimiento, comenzó el proceso para identificar activos susceptibles de ser ejecutados.
En ese procedimiento fueron identificados 111 bienes para su tasación y eventual remate, mientras otras propiedades continúan bajo análisis. El tribunal sostuvo que existe una sentencia firme que impuso "una consecuencia patrimonial concreta, actualmente exigible y todavía insatisfecha" y señaló que los embargos buscan impedir que los activos dejen de estar disponibles.
La medida también alcanza bienes relacionados con empresas que pertenecieron al empresario Lázaro Báez, entre ellas Kank y Costilla SA y Loscalzo y Del Curto SRL. La causa Vialidad investigó el direccionamiento de licitaciones de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, proceso por el cual la exmandataria fue condenada por administración fraudulenta.