Turquía solicitó a Interpol una "alerta roja" contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el marco del proceso judicial en curso por el cargo de "genocidio", comunicó este viernes el ministro de Justicia turco, Akin Gurlek, recoge la agencia Anadolu.
El alto cargo detalló que se trata de un caso que gira en torno al impedimento del paso a la Flotilla Sumud el año pasado para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, señalando que la investigación continúa con firmeza. Además, indicó que un tribunal penal de Estambul está llevando a cabo un proceso penal contra 35 acusados, entre ellos Netanyahu.
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Asimismo, indicó que el jefe del Gobierno israelí y otro sospechoso "están siendo juzgados por 'crímenes de lesa humanidad', 'genocidio', 'privación agravada de libertad', 'lesiones intencionadas', 'tortura', 'daños a la propiedad', 'saqueo agravado' y 'secuestro de vehículos de transporte' en relación con sus acciones relacionadas con la intervención armada en aguas internacionales contra civiles que entregaban ayuda humanitaria a Gaza y la detención de activistas".
En ese contexto, enfatizó que Ankara no acepta en absoluto "la idea de que el Gobierno de Netanyahu, que está llevando a cabo una política de genocidio en Gaza, sea intocable e irresponsable". "No permitiremos que se encubran los crímenes cometidos en Gaza, ni permitiremos que los responsables queden impunes", continuó, añadiendo que su país utilizará con firmeza todos los medios disponibles conforme al derecho nacional e internacional.
- En abril, la Fiscalía General de Estambul pidió cadena perpetua agravada y penas de prisión de entre 1.102 años y 9 meses y 4.596 años para Netanyahu y otros 34 altos funcionarios israelíes, entre ellos el ministro de Defensa, Israel Katz; el exministro de Defensa Yoav Gallant; el ministro de Patrimonio, Amichai Eliyahu; el ministro de Seguridad Pública, Itamar Ben Gvir; el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir; y el comandante de la Armada, David Saar Salama.
El caso se centra en la intervención armada llevada a cabo por elementos de seguridad israelíes en aguas internacionales contra los barcos de la organización marítima civil Flotilla Sumud que transportaba en octubre pasado ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
En la acusación se expresó que los ataques contra civiles, la destrucción de medios de subsistencia, la obstrucción de la ayuda humanitaria y la condena a la población al hambre, la sed y la falta de tratamiento no pueden ser evaluados únicamente como una medida de seguridad, sino que están directamente vinculados con actos que constituyen genocidio y crímenes contra la humanidad desde el punto de vista del derecho penal internacional.