A días de las elecciones presidenciales en Brasil, que se llevarán a cabo el próximo domingo, se ha desatado una inédita guerra judicial con más de 450 acciones interpuestas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por los principales candidatos, refiere G1.
Por otra parte, otros recursos han sido presentados ante el Supremo Tribunal Federal (STF), en su mayoría denuncias entre los principales candidatos al Palacio de Planalto por ataques de sus oponentes, uso de la Inteligencia Artificial (IA), dudas sobre piezas publicitarias y hasta declaraciones públicas.
Estos recursos pretenden que las autoridades electorales se pronuncien sobre presuntos delitos de propaganda anticipada o irregular, mientras los votantes esperan asistir a la jornada del domingo con un panorama que las principales encuestadoras prevén muy reñido entre los principales candidatos: por la izquierda, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y por la derecha, el aspirante conservador Flávio Bolsonaro.
El Partido de los Trabajadores (PT), que abandera a Lula, ha interpuesto al menos 256 acciones contra sus oponentes, mientras que ha sido objeto de denuncia por al menos 198 consultas de otras formaciones políticas, la mayoría por el Partido Liberal (PL), que arropa al hijo de Jair Bolsonaro.
Entretanto, el aspirante de PL introdujo más de 90 acciones contra el PT, que representan el 73 % de sus denuncias en este período. La mayoría de los casos han recaído en manos del vicepresidente del TSE, André Mendonça, que acumula 92 peticiones; seguido de la ministra Estela Aranha, con 80 solicitudes.
¿Qué demandas hay?
La conexión entre el banquero Daniel Vorcaro, detenido por el polémico caso Máster, es uno de los flancos más atacados de la campaña de Flávio Bolsonaro. Según las denuncias, el candidato de PL habría recibido dinero del polémico empresario para financiar la película de su padre, sentenciado a más de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado contra Lula.
Por su parte, la campaña del PT ha sido cuestionada por el uso de la maquinaria para favorecer la reelección de Lula, así como su presunto favoritismo en el uso de dependencias, actos, eventos e imágenes oficiales con fines electorales.
En paralelo, el Supremo investiga las denuncias de supuesta interferencia extranjera de cara a los comicios. El recurso fue introducido por el PT y el informe está en manos del ministro Flávio Dino, luego de que se asegurara que organizaciones estadounidenses, como Rockbridge Network, están detrás del financiamiento de las campañas conservadoras.