Grecia y Francia estudian una ligera modificación de la ruta del Gran Interconector Marítimo (GSI, por sus siglas en inglés), el ambicioso cable submarino que conectará Creta con Chipre y, en una segunda fase, con Israel. Según los medios griegos, el objetivo sería evitar la zona del parque marino nacional de Fethiye-Kas, declarado unilateralmente por Turquía en agosto, cerca de Kastellorizo.
Un proyecto ambicioso
El proyecto tiene una importancia estratégica para Europa. El enlace Grecia-Chipre tendrá una longitud de unos 898 kilómetros y una capacidad inicial de 1.000 MW, ampliable a 2.000 MW. El coste estimado del proyecto ronda los 1.900 millones de euros. En 2021, la Comisión Europea lo incluyó entre los proyectos de interés común y posteriormente concedió 657,9 millones de euros.
El GSI también ha adquirido una fuerte dimensión francesa. En agosto, el grupo de infraestructuras Meridiam adquirió el 66 % de la sociedad que desarrolla el proyecto, mientras que la francesa Nexans obtuvo el contrato para fabricar e instalar el cable.
El principal obstáculo sigue siendo geopolítico. Grecia y Turquía mantienen posiciones enfrentadas sobre las zonas marítimas del Mediterráneo oriental. Atenas y París han acordado notificar a Turquía las próximas investigaciones del fondo marino, pero no solicitar su autorización, invocando el derecho internacional y la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Ankara, por su parte, sostiene que las actividades en las aguas que considera parte de su plataforma continental deben contar con su consentimiento.
La cuestión podría resolverse, al menos parcialmente, con un cambio de trazado. Para Atenas, el objetivo es mantener el proyecto en marcha sin aceptar las reclamaciones turcas; para Ankara, cualquier actividad en las áreas disputadas sigue siendo una cuestión de soberanía y jurisdicción marítima.