El Gobierno de Costa Rica sigue los pasos del modelo penitenciario de El Salvador con la inauguración de su primera megacárcel, con capacidad para recluir a más de 5.000 presos, en medio del drástico aumento de la delincuencia que las autoridades atribuyen al narcotráfico.
Este tipo de medida se ha popularizado en los últimos años entre varios gobiernos de la región latinoamericana, que presentan el enfoque punitivista como el más adecuado para hacer frente a los desafíos de seguridad.
De hecho, el propio presidente salvadoreño, Nayib Bukele, estuvo en el acto de inicio de las obras del centro penitenciario en Costa Rica y, en su momento, dejó claro que su construcción obedecía al modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de su país.
"El gran problema aquí es el menoscabo del discurso de la democracia, la tolerancia, los derechos humanos, que son vistos ahora como elementos que restringen o menoscaban un correcto accionar del Estado o de los gobiernos frente a la acción delictiva", opinó el especialista Daniel Pontón en entrevista con RT.
"Este tipo de cárceles [...] se han puesto como alternativa para enfrentar el problema de la criminalidad, tomando como referencia claramente que El Salvador ha podido reducir drásticamente sus indicadores de seguridad", señaló el experto.
No obstante, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han alertado que este modelo puede abrir la puerta a la vulneración por parte del Estado de los derechos de las personas recluidas o judicializadas, como ha ocurrido en otros países que han emulado la construcción de megacárceles.
Uno de los casos paradigmáticos ocurre en Ecuador, donde una cárcel alberga no solo a reos de alta peligrosidad, sino a políticos de la oposición al presidente Daniel Noboa, como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el exvicepresidente Jorge Glas, lo que ha desatado denuncias de presuntas vulneraciones de los derechos de los presos a la defensa e incluso a la salud, ya que varios han muerto bajo custodia del Estado.
Entretanto, el mandatario ecuatoriano ha prometido la construcción de su propio Cecot, con capacidad para recluir a 15.000 personas, mientras que los gobiernos conservadores de Raúl Mulino en Panamá y Keiko Fujimori en Perú también han anunciado su intención de erigir ese tipo de centros de reclusión.
