Un fuerte contingente policial rodea las instalaciones del Congreso de Paraguay este 6 de noviembre, a horas de que inicie la sesión que prevé someter a juicio político al mandatario de ese país, Santiago Peña, quien pidió una prórroga de 72 horas para defenderse de las acusaciones en su contra tras la quiebra de Ueno Bank.
Videos difundidos en redes sociales muestran cómo las inmediaciones del Parlamento han sido tomadas por efectivos policiales, mientras que agentes de operaciones especiales inspeccionan el interior del Congreso con perros detectores de explosivos.
En la calle, la tensión es máxima, no solo por la presión política sobre Peña y los miembros del Congreso, sino por los afectados por la quiebra de la entidad financiera. El Banco Central de Paraguay (BCP) empezó el proceso de restitución con un pequeño grupo de ahorristas, mientras sigue el proceso de la Fiscalía contra los exdirectivos de Ueno Bank.
¿Juicio político o renuncia?
El presidente del Congreso de Paraguay, Basilio Núñez, abogó este 6 de noviembre por "tratar y liquidar" la renuncia Peña, luego de que el aún mandatario pidiera un plazo de 72 horas para afrontar el proceso de juicio político.
Según La Nación de Paraguay, el parlamentario —que pertenece al mismo partido del mandatario— prefiere zanjar la crisis política desatada tras la quiebra de Ueno Bank sin que Peña se someta al 'impeachment' previsto para este 6 de noviembre.
No obstante, más tarde el propio Peña comunicó en redes sociales su deseo de someterse al juicio político en el Congreso, pero con el plazo que solicitó: "Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles", escribió.
El aún mandatario de Paraguay, cuya renuncia no fue aceptada la víspera, alega que debe contar con más tiempo para preparar su defensa ante un libelo acusatorio, que lo implica al menos en cinco presuntas irregularidades.
El problema de fondo es que, si Peña se somete a juicio político, se arriesga a perder los fueros como senador vitalicio. En cambio, si se acepta su renuncia, podría conservar la inmunidad parlamentaria.