El gobierno francés repatria gitanos a Rumania
Catorce rumanos dejaron París y arribaron ya a Bucarest, mientras un segundo grupo de 79 personas partieron este mediodía desde Lyon con destino a la capital rumana, pese a las crecientes críticas dentro y fuera de Francia.
Según reconoce el gobierno francés, son deportaciones "voluntarias" de inmigrantes que han aceptado irse, a cambio de un boleto de avión y 300 euros por adulto o 100 euros por niño. Aunque en muchos casos terminan regresando a Francia.
Fuentes del Ministerio del Interior rumano indicaron a la agencia de noticias Mediafax que las autoridades permitirán la entrada a todos los gitanos, incluidos aquellos que carecen de documentos de identidad. "A su llegada las autoridades de reinserción social, como ayuntamientos y agencias de empleo, contactarán con estos ciudadanos", precisaron.
El Ministerio del Interior francés ha confirmado que son en total 93 gitanos los que viajaron a Rumania. Estos son los resultados de la primera operación de repatriación de este tipo que realiza el gobierno francés, desde que el mes pasado anunció nuevas medidas contra la presencia de la comunidad gitana en su territorio.
Estos son los primeros vuelos de los cinco previstos para los próximos días, según anunció el Ministro del Interior francés, Brice Hortefeux. Se espera evacuar a un total de 700 gitanos en situación irregular. Con estos dos vuelos suman ya 25 en este año.
Críticas al respecto
La propuesta levantó una oleada de críticas, no sólo entre la sociedad civil o los partidos de izquierda que hablan de "racismo" y "xenofobia", sino también entre las filas de la mayoría de derecha y cada vez más en el exterior.
A las voces de alarma se sumó también el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, que denunció a Francia por vincular la inmigración con la inseguridad. El 10 de agosto pasado, los gobiernos de Rumania y Bulgaria han dejado patente su malestar por la política francesa con respecto a sus connacionales.
Aunque ambos son países miembros de la Unión Europea (UE) desde 2007, algunos de sus vecinos aplicaron una moratoria para aplazar la plena libertad de circulación de sus ciudadanos por el espacio común que, en el caso de Francia, está vigente hasta finales de 2011. Hasta entonces, rumanos y búlgaros tienen derecho a la libre circulación en territorio francés como cualquier otro ciudadano europeo pero no pueden quedarse más de tres meses si no disponen de una tarjeta de residencia que sólo se consigue con un permiso de trabajo.
Por ello, algunos dirigentes políticos, como el ex primer ministro galo y miembro del partido de Sarkozy, Alain Juppé, o el líder de los ecologistas en el Parlamento Europeo, Daniel Cohn-Bendit, plantean la búsqueda de soluciones a nivel europeo.