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La justicia de EE.UU. ordena a Google entregar al FBI datos de usuarios
Una juez federal de EE.UU. dictaminó que Google deberá cumplir con las demandas del FBI de entregar al servicio secreto datos confidenciales de los usuarios sin ninguna orden judicial, comunica AP.
El gigante de Internet intentaba demostrar ante la Corte Federal del Distrito Norte de California la inconstitucionalidad de las llamadas Cartas de Seguridad Nacional (NSL, por sus siglas en inglés)
que envían las agencias federales como el FBI a empresas privadas.
De esta manera el Gobierno puede acceder a los datos de transacciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico e historiales de búsqueda, entre otras informaciones confidenciales de los clientes, sin tener que esperar una orden judicial.
Sin embargo, la jueza Susan Illston ha dictaminado que Google debe cumplir con al menos 17 de las 19 cartas cuestionadas. Esta decisión puede ser recurrida ante la Corte de Apelaciones.
De acuerdo con los datos públicos más recientes, en 2011 el FBI emitió 6.511 cartas de este tipo requiriendo información sobre 7.201 personas. En total, desde el año 2000, el Gobierno de EE.UU. envió hasta 300.000 cartas.
Esta táctica ha sido criticada por activistas de defensa de los derechos civiles que la califican como una violación de la privacidad, abusando del uso del concepto de 'seguridad nacional' como pretexto.
De esta manera el Gobierno puede acceder a los datos de transacciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico e historiales de búsqueda, entre otras informaciones confidenciales de los clientes, sin tener que esperar una orden judicial.
Sin embargo, la jueza Susan Illston ha dictaminado que Google debe cumplir con al menos 17 de las 19 cartas cuestionadas. Esta decisión puede ser recurrida ante la Corte de Apelaciones.
De acuerdo con los datos públicos más recientes, en 2011 el FBI emitió 6.511 cartas de este tipo requiriendo información sobre 7.201 personas. En total, desde el año 2000, el Gobierno de EE.UU. envió hasta 300.000 cartas.
Esta táctica ha sido criticada por activistas de defensa de los derechos civiles que la califican como una violación de la privacidad, abusando del uso del concepto de 'seguridad nacional' como pretexto.
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